Sancionada la ley Bases, el Presidente pretende disolver de organismos públicos, poner a la venta el Correo e impulsar cambios electorales y penales. Las nuevas etapas del programa económico.
Durante la tarde del jueves los funcionarios del gobierno nacional caminaban sonrientes por los pasillos de la Casa Rosada y respiraban aliviados porque ya descontaban que, al final del día, tendrían aprobadas las dos primeras leyes de la gestión «libertaria»: la tan mentada Ley Bases y el Paquete Fiscal. El gobierno de Javier Milei, con ayuda de la «oposición» dialoguista —y después de un largo proceso—, consiguió las «herramientas» que él ponía como condición para avanzar con su plan de gobierno. Ahora, una vez aprobadas las normas, el Presidente se verá en una encerrona: con leyes que solo buscan beneficiar a los sectores más poderosos del país y del exterior, deberá intentar mejorar la situación económica de las clases medias y bajas que son las que lo votaron y las que, poco a poco, van perdiendo la tolerancia por los coletazos que sufren en el marco de la brutal recesión económica. En Balcarce 50 dicen que empezarán lo antes posible con el proceso de privatizaciones y aseguran que, más allá de la negativa del Congreso, podrán privatizar el Correo Argentino porque así lo permite «la ley de creación» del mismo.
Conscientes de la difícil –por no decir imposible– tarea de contentar a sectores medios y bajos con leyes que solo los perjudicarán, en el círculo íntimo del mandatario ya comenzaron a poner excusas. «No es la ley que originalmente enviamos», se atajaban y decían que «lo que finalmente sale es un quinto de lo que pedimos y seis meses tarde». «Dada la situación crítica perdimos meses importantes. Parte de la dirigencia política, que no entiende la gravedad de la situación, le hicieron perder a los argentinos seis meses», se quejaban. En ese punto, advertían: «no es que ahora vamos a poder hacer libre mercado», y explicaban que la reforma laboral que finalmente se aprobó «no flexibiliza tanto como es necesario».
Más reformas y la privatización del Correo
Más allá de eso, en Casa Rosada anticipan que en el corto plazo «se vendrán muchas más reformas». El primer paso, ya con las leyes aprobadas, será reglamentarlas. En eso vienen trabajando equipos de Presidencia y esperan tener el «trámite» listo en el plazo de un mes o un mes y medio. Una vez reglamentadas, cerca del Presidente especifican que se abrirán «dos aristas de trabajo». En primer lugar, mencionan «la reforma administrativa», que va a llevar adelante el Presidente gracias a las facultades delegadas que el Congreso le votó, con las que buscará hacer «una reestructuración del Estado». En segundo lugar, señalan, el Gobierno se encargará de las privatizaciones.
A la vez, se lamentan por aquellas que, a último momento, quedaron afuera: Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión pública. «Había mucho interés por algunas que quedaron afuera, por ejemplo, por AA para la que ya teníamos tres compradores interesados: dos grupos inversores del exterior y uno local», cuentan.
Sin embargo, hay una trampa. Si bien es imposible sin una ley privatizar Aerolíneas y RTA, en el gobierno aseguran que sí pueden avanzar en la privatización del Correo. «Correo se puede privatizar igual porque la ley de creación del Correo así lo permite», aseguran y adelantan que «no hay que hacer nada, solo sacar la oferta y privatizarla». Ante la consulta de por qué incorporaron en la Ley Bases al Correo si lo podían privatizar igual, responden que la pusieron en la nómina «por reaseguro». Por último, subrayan que AA y los medios públicos «más tarde o más temprano las vamos a privatizar».
El resto de las empresas que sí se podrán vender son: Intercargo; Enarsa; Nucleoeléctrica Argentina; Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Para su privatización/ Concesión la lista se compone de: Aysa; Belgrano Cargas y Logística SA; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E y Corredores Viales S.A. Desde el oficialismo aseguran que en todo lo que se pueda avanzar rápidamente lo harán, aunque aclaran que aún no está lista la estructura ni las competencias con las que llevarán el proceso a cabo.
El que estará al frente de la secretaría de Empresas y Sociedades del Estado y será el encargado del desguace de las mismas es Diego Chaher. Un funcionario que durante la gestión de Milei ya estuvo al frente de la intervención de los medios públicos —Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar—.
Disolución de los organismos del Estado y despidos
Otro de los puntos en los que avanzarán desde Casa Rosada es en la disolución de todos aquellos organismos del Estado que no quedaron exceptuados por la Ley Bases. Eso será posible, también, por las facultades delegadas que diputados y senadores le dieron al Presidente. Allí, se jactan en Balcarce 50, «hay infinidad de organismos, direcciones, programas que vamos a eliminar». En ese proceso habrá despidos. La meta del gobierno sigue siendo los 70 mil que anunció Milei.
Una vez que avance el proceso de privatizaciones, despidos y desregulaciones, el Gobierno también comenzará a impulsar una agenda legislativa con todo aquello que contenía la Ley Bases original y quedó por fuera de la versión que se terminó aprobando. En esa línea, insistirán con los proyectos vinculados a cuestiones de seguridad, que impulsa Patricia Bullrich, y con una reforma electoral que quieren apurar antes de que termine el año. Una de las ideas centrales en ese aspecto será la eliminación de las PASO. De la Ley Bases original también se quitaron capítulos enteros que tenían que ver con reformas en el ámbito educativo y de la cultura, entre otras.
Las próximas etapas del programa económico
Por último, continuarán con «las próximas etapas del programa económico». Una de ellas es, tal como prometió el ministro de Economía, Luis Caputo, eliminar el Impuesto País. «Eso va a ser bastante pronto», aseguran. Ante la consulta de este medio sobre cómo harán para compensar el agujero en las cuentas públicas que provocará la eliminación de ese gravamen, en el oficialismo responden que lo harán con lo que ingrese por la restitución del impuesto a las Ganancias y también de Bienes Personales. Como con eso no llegarán a cubrir el total, puntualizan que buscarán hacerlo «bajando el gasto».
Sobre el levantamiento del cepo, en tanto, aclaran que «hay que dejar de pensarlo como una variable de tiempo y empezar a verlo como una variable de condiciones». Lo que determinará la salida del mismo, explican, serán las condiciones de la macroeconomía. Eso puede ocurrir, se atajan «en un día o en un año».
Entre el viernes y el lunes de la semana que viene, por otra parte, se llevaría a cabo una reunión que fue anunciada en reiteradas ocasiones y que todavía nunca se concretó: la de Javier Milei y Federico Sturzenegger. El exfuncionario macrista todavía no hizo su desembarco en el gabinete nacional, tal como le prometió el Presidente que haría al regreso de su viaje por Europa, y está ansioso. En el Gobierno no quieren que sus funciones choquen con las de Luis Caputo y todavía no terminaron de definir qué le darán para su supuesto ministerio de desregulación. «Ese tema se verá en estos días», repiten desde presidencia y confirman que el megadecreto con el que se reestructurará el organigrama del Estado estará listo en unos diez días.
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