Aseguran que les exigen respaldo a la Ley Ómnibus y que luego de su aprobación se trataría la reversión al Impuesto a la Ganancia, cuya quita significó una muy importante poda a los recursos que reciben las provincias.
Javier Milei no está en la misma sintonía de los gobernadores. Y la tirantez se hizo más evidente luego de que los mandatarios provinciales aseguraran que se sienten amenazado desde la Casa Rosada, ya que los «apretarían» para conseguir sus respaldos a la Ley Ómnibus que el Presidente giró al Congreso. Y que la moneda de cambio sería la vuelta atrás al Impuesto a las Ganancias, cuya poda significó severos recortes a las coparticipaciones provinciales.
En su afán de conseguir votos, el otrora Ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, giró a la Legislatura Nacional la modificación al Impuesto a las Ganancias. El visto bueno del Congreso derivó en una mejora en los haberes de numerosos trabajadores pero, al ser coparticipable, significó una notoria pérdida de los recursos que se giran desde Nación a las provincias.
Antes de que cayera en las urnas, Massa había prometido a los gobernadores que verían la forma de compensar las pérdidas. Pero al caer derrota en su lucha por llegar al «sillón de Rivadavia», el anuncio «cayó en saco roto».
El pasado 20 de diciembre, Milei recibió en Casa Rosada a la totalidad de gobernadores. En el encuentro, los mandatarios provinciales le pidieron que, como alternativa a la reversión del Impuesto a las Ganancias, se les coparticipe el Impuesto al Cheque, como resarcimiento por los recursos perdidos. Sin embargo, el libertario desestimó porque afectaba su objetivo de alcanzar el tan anhelado déficit cero. Es decir, no les daría a las provincias recursos que hoy son de la Nación.
Entonces, Milei les hizo saber a los gobernadores que daría marcha atrás en la modificación del Impuesto a las Ganancias. Pero les puso una condición: que los legisladores nacionales aprueben la Ley Ómnibus que giró al Congreso. Es decir, que los mandatarios provinciales instruyan a diputados y senadores que les son propios a respaldar la controvertida iniciativa del presidente libertario.
En pocas palabras, si los gobernadores quieren plata tendrán que aceptar las imposiciones que surgen desde Balcarce 50.
Esto no cayó en gracia ni en los gobernadores de Unión por la Patria ni en quienes responden a Juntos por el Cambio (o radicales y del PRO si se interpreta que la alianza está quebrada). Tampoco al par que pertenecen a fuerzas locales. Un poco por ideología, otro tanto por convencimiento político pero, más que nada, para mostrar cierta fortaleza ante el Poder Central (algo de eso sabe, por ejemplo, Corrientes a lo largo de su historia).
Anoche se conoció el rechazo de los gobernadores de provincias patagónicas, cuyos orígenes corresponden a cinco partidos distintos: tres provinciales, el PRO y Unión por la Patria. A través de un comunicado, se expresaron directamente en contra de las reformas de la Ley Federal de Pesca y otros artículos referidos al sector, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa. Eso implicaría el rechazo de la totalidad del bloque de Innovación Federal en Diputados, además de una serie de rechazos distribuidos por distintas bancadas.
En su discurso de fin de año, el presidente Milei solicitó a los legisladores el respaldo a la propuesta girada al Congreso para evitar una «catástrofe económica». Así planteada la disputa, la solución parece lejana.
Corrientes no perdería bancas legislativas
En los últimos días, a través del envió de la Ley Ómnibus, se pudo conocer que dentro de la misma se comprende la propuesta de proyecto que tiene que ver con la modificación de la representación legislativa.
La misma da cuenta de eliminar tres diputados «extras» y colocar un piso mínimo de 5 diputados por provincia, lo que disminuiría la cantidad de diputados en 16 provincias con menor densidad poblacional.
A su vez, el texto busca establecer una nueva base para el cálculo de bancas por habitantes por lo que la Cámara baja pasaría de 257 a 254 bancas, ya que se reduciría la representación de distritos con menos población.
Por ello, es preciso indicar que solo dos provincias no sufrirían cambios en su representación, como es el caso de Corrientes y Misiones. Ambas cuentan con 7 diputados y tienen una diferencia neta del 0%, según el proyecto que propone Javier Milei.
Demás provincias
Así, ademas de la Ciudad de Buenos Aires que sería la más perjudicada ya que perdería 8 de los 25 escaños que posee actualmente y quedaría con 17, son 16 las provincias que verían reducida su cantidad de diputados por su menor densidad poblacional.
Teniendo en cuenta que seis de estas provincias están hoy en manos del peronismo como lo son Catamarca, La Pampa y La Rioja perderían 3 de los 5 que tienen hoy y quedarían con solo 2; Formosa tendría 3 en lugar de los 5 actuales y Tierra del Fuego, el distrito de menos habitantes, se quedaría con apenas una banca ya que perdería 4 de las 5 bancas actuales. Esta última es la más afectada de todas las provincias, ya que el recorte de su representación sería del 80%.
Por otro lado, de los distritos gobernados por Juntos por el Cambio, Chaco perdería 1 de 7; Chubut y San Luis verían reducida sus bancas en 2 de 5; Jujuy y San Juan, en 1 de 6; y Entre Ríos perdería 1 de sus 9 diputados actuales.
En tanto, las provincias patagónicas en manos de fuerzas locales también perderían escaños: Neuquén y Río Negro tendrían uno menos de 5, y Santa Cruz 3 menos de los 5 que tiene hoy.
Las que verían aumentada su representación, son seis. Además de Buenos Aires, Córdoba se vería favorecida en 3 más al pasar de 18 a 21; Mendoza subiría de 10 a 11; Salta pasaría de 7 a 8; Santa Fe, de 19 a 20; y Tucumán, de 9 a 10.
Así, es preciso mencionar que la diferencia entre las bancas ganadas (34) y las que se perderían (37) es de 3, lo que explica que la Cámara de Diputados pasaría de 257 escaños a 254.
Por último, es preciso mencionar que para ser aprobada en el Congreso, la propuesta necesita una mayoría agravada (del total de sus miembros) en ambas cámaras.
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