La marcha atrás con el dictamente firmado en comisión para tratar la Ley Ómnibus, y la bajada de un ondazo a la posibilidad de discutir la coparticipación del Impuesto País tras las conversaciones en el CFI, muestran un escenario inestable para los acuerdos que contemplen las demandas provinciales y regionales.
El vicegobernador Rubén Dusso representó a la provincia en la reunión entre gobernadores, el ala dialoguista de la oposición y funcionarios del Ejecutivo Nacional, realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en busca de llegar a un acuerdo para el tratamiento de la Ley Ómnibus.
El punto que más preocupa a las provincias cayó en saco roto tras un posteo del mismo Presidente y la posterior afirmación del vocero de la Nación de que no está en discursión la posibilidad de coparticipar el impuesto País. La iniciativa que los gobernadores pusieron sobre la mesa había sido escuchada con razonabilidad por los funcionarios nacionales encabezados por el ministro del Interior Guillermo Francos, y buscaba una alternativa para paliar la crisis financiera que las provincias atraviesan tras la caída de los fondos coparticipable que la actual presidencia ha dispuesto.
Catamarca, además llevó otra demanda a esa reunión: que el Gobierno nacional saque de la lista de las 41 empresas estatales sujetas a privatización a la minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Para Catamarca el planteo parte de un error, ya que YMAD no es una empresa del Estado Nacional, sino una sociedad regida por un acuerdo interestadual entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la provincia, donde Catamarca posee un 60% de las acciones.
En este sentido, el gobernador Raúl Jalil y el rector de la UNT, Sergio Pagani, enviaron a principios de enero una nota al presidente Javier Milei reafirmando la condición de propietarios. Aquella nota cerraba: “convencidos de la fortaleza de nuestra postura y de las razones, fundamentos y antecedentes que la avalan, explicitamos nuestro disenso con tal indebida inclusión realizada respecto a YMAD, recabando que en el camino del diálogo y del consenso se recepte la realidad y se resguarde la legalidad”.
Sin embargo el diálogo no parece ser el mejor perfil del Gobierno Nacional. La marcha atrás con el dictamente firmado en comisión para tratar la Ley Ómnibus, y la bajada de un ondazo a la posibilidad de discutir la coparticipación del Impuesto País tras las conversaciones en el CFI, muestran un escenario inestable para los acuerdos que contemplen las demandas provinciales y regionales. En tanto desde el oficialismo local, confirmaron a Catamarca/12 que la Provincia está dispuesta a ir a la Justicia si Nación no revé la decisión de privatizar YMAD.
Desde las provincias mineras, además, ven este gesto como la punta del iceberg de una intención de Nación de avanzar sobre los recursos mineros que por Constitución son patrimonio de las provincias. Si bien Jalil ha expresado hasta ahora una postura dialoguista, los dos diputados nacionales, Sebastián Nóblega y Silvana Ginocchio acompañaron el dictamen desfavorable de Unión por la Patria en contra del paquete de leyes. En tanto la senadora Nacional y presidenta del PJ local, Lucía Corpacci, adelantó este lunes por sus redes que votará en contra del DNU.
La Ley Ómnibus se ha consitiuido en un verdadero Frankenstein, con una visión amputada del país, ante la que cada provincia ha tenido que salir a defender los intereses particulares. Dos provincias testigos por ahora han sido Tucumán y La Rioja. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo apoyó el dictamen favorable tras negociar que se sacara el artículo que eliminaba la Ley de azúcar y que se bajaran las retenciones a la actividad citrícola, que son el corazón productivo de Tucumán. En cambio, La Rioja no posee recursos representen un punto de negociación. Ante este escenario, la lectura de su mandatario, Ricardo Quintela, ha sido un enfrentamiento abierto ante las medidas de Milei y la creación de una cuasimondeda, algo que también analizan algunas provincias.
A horas del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, los gestos intransigentes del presidente Javier Milei, resumida en la frase «No hay plan B», la insistencia acuerdista de la oposición dialoguista y la encrucijada de las provincias jaqueadas financieramente, es la fotografía de una Argentina astillada por un proyecto de ley que profundiza la asimetría federal.
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