Con un decreto fechado el pasado 17 de mayo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió un refuerzo de partidas para pagar “la renovación de la contratación de carpas y baños químicos del predio Gauchito Gil”. En la medida no se informan los montos. En enero pasado se había pagado por el mismo servicio de alquiler, más de $9 millones. Desde agosto de 2021 el gobernador prometió un gran Centro de Interpretación en el lugar ubicado a la vera de la Ruta Nacional 123, cerca del acceso a Mercedes.
La administración radical de la provincia sigue pagando por el alquiler de carpas y baños químicos en el predio del Gaucho Gil, ubicado a orillas de la Ruta Nacional 123 cerca del acceso a Mercedes, en el centro de la provincia.
El Decreto Nº 1205 fechado el 17 de mayo pasado pero publicado recién en el Boletín Oficial el 15 de junio último, consigna un pedido de fondos por parte del “ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicita un refuerzo presupuestario con el objeto de afrontar erogaciones pertinentes a la renovación de la contratación de carpas y baños químicos del predio Gauchito Gil”. El pedido es al ministerio de Hacienda y Finanzas, la operatoria es aprobada por el gobernador de la provincia y el titular de la cartera económica y el ministro de Justicia.
En el decreto no se consigna el monto de los recursos pedidos para pagar alquiler de carpas y baños químicos.
La contratación se había hecho de manera directa y en enero pasado el alquiler de los elementos mencionados, superaba los $9 millones. (Ver aparte)
Todo el predio está rodeado de escombros que no fueron retirados del lugar. El 6 de agosto de 2021 el gobierno de la provincia pasó las topadoras y derribó todos los puestos que había en ese campo para iniciar obras de un futuro centro de interpretación cultural religioso. Esa fue la promesa del gobernador que estaba por entonces en campaña para ser reelecto en el cargo.
Los trabajos van muy lentos y hasta lo que se puede ver ahora las estructuras construidas son precarias y pequeñas.
El gobernador había prometido, tras la demolición, un “Complejo Recreativo Gaucho Gil” con una inversión de $148.300.005,75 y un plazo de obra de 6 meses. Pero lo único real hasta el momento es el cartel de obra del Gobierno Provincial al que el óxido por el paso del tiempo lo está opacando.
Las topadoras fueron la respuesta del gobierno de la provincia a un doble crimen cometido en el lugar –un padre y su hijo asesinados a cuchilladas- porque un grupo de personas querían quedarse con un terreno para establecer un local comercial.
