Con la intervención a la Fundación «Doctor Andrés Saúl Acuña», el Gobierno de Jorge Capitanich puso en marcha el plan de control de daños por el impacto político y social que tiene la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, causa por la cual se imputa a los integrantes de la familia piquetera liderada por Emerenciano Sena, Marcela Acuña y el hijo de ambos, César Sena, que son los administradores de la entidad que manejaba fondos multimillonarios para asistencia social, construcción de viviendas y financiamiento a las movilizaciones.
La medida fue instrumentada ayer a través de la Resolución Nº 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo, pero inició el jueves pasado como parte de las acciones para aportar transparencia e información a la ciudadanía acerca de las actividades de la institución. El Gobierno de Capitanich designó a Mirta Morel y Hernán Knezovich como los responsables de la intervención.
«Vamos a constituir un cuerpo de auditores y contadores que van a analizar toda la situación de la fundación», adelantó el inspector de Personas Jurídicas, Eduardo Colombo, quien ofreció detalles acerca del procedimiento, que también será informado a la Justicia. La intervención se realiza según lo establecido en el Artículo 12, inciso K, de la Ley 1903-C referente al funcionamiento de fundaciones y asociaciones civiles.
Ese cuerpo de auditores será el encargado de evaluar la documentación vinculada a la institución. «Van a mirar las transferencias que tuvieron, los gastos y se avanzará en una auditoría para ver el destino de los fondos y tener una mayor transparencia», amplió Colombo.
El ministro de Educación, Aldo Lineras, informó que las actividades áulicas de los establecimientos educativos de gestión social a cargo de la fundación intervenida continuarán y para ello se designó al profesor Omar Rojo, director de la Regional Educativa 10A. «Nosotros debemos asegurar que los 307 niños del jardín, los 400 estudiantes que tiene la escuela primaria y los 200 de la secundaria sigan recibiendo el servicio educativo y lo hagan en el marco de las normativas vigentes», señaló Lineras.
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