Vía zoom el gobernador Gustavo Valdes y el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, participaron de la audiencia en el marco de la querella iniciada por el mandatario provincia. La justicia provincial resolvió que el caso de fe se tomado por el fuero federal. Cuestionamiento al uso de instalaciones y equipamiento oficial por parte de Gobernador.
En la oficina judicial de la ciudad de Corrientes se realizó este miércoles 04 de septiembre la audiencia de conciliación ordenada por la jueza provincial, Gabriela Aromi, ante la querella criminal iniciada por el gobernador de la provincia Gustavo Valdes al titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera. Es por dichos sobre este último que en Corrientes, tanto el gobernador como sus ministros entorpecieron la investigación del caso Loan Peña. Además de otras acusaciones que el gobernador interpretó como daniñas a su honor y buen nombre.
En la audiencia, en donde estuvieron presente los abogados de ambas partes; el denunciante y el denunciado la siguieron via zoom. La magistrada dijo que la causa de la querella deberá resolverse en el ámbito de la competencia de la Justicia Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, allí se definirá si tienen competencia o no los tribunales de ese distrito en esta causa.
Se trata de un revés para el mandatario provincial quien pretendía que sea la Justicia correntina la que dirimiera la cuestión.
“El gobernador participó vía zoon de la audiencia de conciliación desde el salón azul de la Gobernación de Corrientes. Entonces aquí cabe otro planteo: si la querella que me hizo a mí es a nivel personal o lo hizo a través de su embestidura como Jefe de Estado provincial”, expresó Vero tras la audiencia.
Planteó así una duda. “Si lo hizo a nivel personal por qué usó instalaciones de la Casa de Gobierno de Corrientes y en ese caso quién le paga el patrocinio a su abogado. Él como gobernador o como ciudadano desde su propio peculio. Si es como gobernador se lo estaría pagando con recursos de todo el Estado provincial”, dijo.
Agregó en ese sentido que “a través de la Ley de acceso de la información pública nacional vamos a pedir que se informe quién paga los honorarios del abogado del gobernador de la provincia ya que participó en la audiencia desde la Gobernación y como Gobernador de la provincia”
Los dichos esgrimidos por el dirigente social fueron hechos a medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires y por eso deberá, falta definir, la Justicia de ese distrito quien intervenga en este caso.
Por eso la jueza provincial se declaró incompetente en la cuestión. (N&CA)